Comisión Nacional Antimonopolio detecta falta de competencia en transporte ferroviario mexicano
El organismo regulador determinó que no existe competencia efectiva en el mercado de carga ferroviaria, señalando el dominio de las principales empresas del sector.
La Comisión Nacional Antimonopolio concluyó este miércoles que el sector de transporte ferroviario de carga en México carece de condiciones de competencia efectiva. Tras un análisis exhaustivo del mercado, el regulador identificó que la infraestructura y las concesiones están concentradas en manos de pocos actores principales, lo que limita las opciones para los usuarios finales y los industriales del país.
El dictamen señala directamente a las operaciones de Grupo México, a través de sus unidades Ferromex y Ferrosur, así como a la unidad mexicana de CPKC, denominada Kansas City Southern de México. Según el organismo, estos concesionarios mantienen una posición de dominio en sus respectivas rutas, lo que impide la entrada de nuevos competidores y restringe la capacidad de negociación de los clientes que dependen del traslado masivo de mercancías por vía férrea.
Esta resolución se da en un contexto donde el transporte ferroviario es estratégico para el desarrollo económico nacional y el fortalecimiento de las cadenas de suministro. La falta de competencia efectiva, argumenta la comisión, podría derivar en tarifas poco competitivas y una menor calidad en los servicios logísticos, afectando la competitividad de las empresas que requieren mover sus productos hacia las fronteras y puertos del país.
Ante estos hallazgos, se prevé que el regulador inicie un proceso para determinar las medidas correctivas necesarias que fomenten un entorno más equitativo. Las autoridades podrían proponer la implementación de condiciones de acceso a la red ferroviaria para terceros y la revisión de las tarifas aplicadas, buscando garantizar que el mercado funcione bajo principios de libre concurrencia en beneficio del mercado nacional.
Por su parte, los actores involucrados tendrán el derecho de presentar sus argumentos y pruebas ante las autoridades competentes para defender su postura sobre el estado actual del sector. El proceso legal continuará en los próximos meses, mientras la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes observa de cerca el impacto que esta determinación tendrá sobre el sistema ferroviario mexicano.
