Coparmex advierte sobre riesgos de nuevas reformas que generan incertidumbre económica
El organismo patronal subraya la importancia de la confianza para atraer inversiones y mantener la estabilidad en México.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó este martes 22 de septiembre de 2026 que el país no atraviesa el momento adecuado para implementar nuevas reformas estructurales que puedan generar incertidumbre en los mercados. El organismo empresarial enfatizó que la estabilidad jurídica es la base necesaria para fomentar la confianza de los inversionistas, un elemento que consideran indispensable para sostener el crecimiento económico nacional en el contexto actual.
Representantes de la cúpula patronal señalaron que, si bien el diálogo sobre los cambios legislativos es parte natural del ejercicio democrático en el Congreso de la Unión, la volatilidad derivada de modificaciones constantes a las reglas del juego puede inhibir el desarrollo de proyectos a largo plazo. Según la visión del sector, la prioridad debería centrarse en consolidar las condiciones operativas vigentes para permitir que las empresas mexicanas mantengan su capacidad de generación de empleos formales.
El organismo destacó que la inversión privada requiere de certidumbre para desplegar capital tanto en sectores tradicionales como en las nuevas industrias tecnológicas que buscan establecerse en las distintas entidades federativas. La postura de Coparmex busca abrir un espacio de reflexión con las autoridades federales sobre el impacto que las reformas adicionales podrían tener en los flujos de inversión extranjera directa, los cuales son vitales para fortalecer la competitividad del país en el mercado global.
Finalmente, el sector patronal propuso que cualquier iniciativa de reforma sea sometida a un análisis profundo de impacto económico, garantizando que el diseño de las políticas públicas sea inclusivo y considere las voces del sector productivo. Con este llamado, la confederación reafirma su disposición para colaborar con el gobierno federal en la construcción de una agenda económica que priorice la estabilidad, el Estado de derecho y la certidumbre jurídica para todos los actores económicos del país.
