Debate por caso Rocha Moya marca cierre de la Comisión Permanente
La situación del gobernador de Sinaloa generó tensiones en el Congreso, donde aliados de la 4T llamaron a evitar errores estratégicos.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión concluyó sus trabajos este martes en medio de un intenso debate sobre la situación política y de seguridad en Sinaloa, centrada en la figura del gobernador Rubén Rocha Moya. Legisladores de diversas fuerzas políticas intercambiaron señalamientos respecto a la gobernabilidad en la entidad y el impacto de los recientes acontecimientos en la estabilidad regional. El enfrentamiento parlamentario reflejó la polarización actual que persiste en los órganos legislativos ante los temas de seguridad pública y procuración de justicia.
En el marco de la discusión, los legisladores aliados a la Cuarta Transformación enfatizaron la necesidad de mantener la cohesión interna frente a las críticas de la oposición. Representantes del bloque mayoritario advirtieron que el movimiento no puede permitirse los errores estratégicos y de comunicación que, a su juicio, derivaron en la pérdida de terreno político de la oposición durante años anteriores. Según los voceros del oficialismo, la prioridad es garantizar la continuidad de la agenda de bienestar y consolidar los proyectos prioritarios sin descuidar el frente político interno.
La sesión también abordó la importancia de fortalecer las instituciones de seguridad en coordinación con el gobierno federal. Legisladores subrayaron que la estrategia de seguridad debe ser firme para evitar que la narrativa de la oposición capitalice las crisis regionales. Se hizo un llamado a la unidad de los cuadros partidistas para blindar los procesos de toma de decisiones y asegurar que el enfoque siga centrado en las políticas públicas que definen a la actual administración.
El cierre de los trabajos de la Permanente se vio marcado por la exigencia de transparencia y rendición de cuentas solicitada por las bancadas opositoras, quienes argumentaron que la situación en Sinaloa requiere una intervención institucional más clara. En respuesta, la mayoría parlamentaria defendió las acciones emprendidas por el gobierno estatal y federal, insistiendo en que las instituciones están trabajando conforme a derecho para resolver las problemáticas actuales sin ceder a presiones externas ni a agendas políticas de confrontación.
