Fiscalía de EU acusa de tráfico de fentanilo a operador de Los Chapitos
Iván Valerio, detenido en Sinaloa el pasado enero, enfrenta cargos federales en Estados Unidos por conspiración y uso de armamento prohibido.
La Fiscalía de Estados Unidos formalizó cargos contra Iván Valerio, señalado como uno de los principales suministradores de precursores químicos para la facción de Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa. El documento judicial detalla que el imputado enfrenta acusaciones por tráfico de fentanilo a gran escala, así como por posesión y uso de armas de fuego de uso exclusivo durante sus operaciones logísticas en territorio mexicano. Valerio es identificado por las autoridades estadounidenses como un eslabón clave en la cadena de suministro necesaria para la producción de opioides sintéticos destinados al mercado norteamericano.
El arresto de Valerio tuvo lugar el pasado 19 de enero en el estado de Sinaloa, durante un operativo conjunto realizado por fuerzas federales mexicanas. En dicha acción, las autoridades lograron la captura de otros socios estratégicos que colaboraban directamente con el detenido, desarticulando una célula operativa encargada de la gestión de sustancias ilícitas. Desde el momento de su detención, el gobierno mexicano ha mantenido la custodia de los implicados mientras se procesan las solicitudes de colaboración internacional correspondientes.
La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos pone de relieve la prioridad que el gobierno estadounidense otorga al combate contra la producción de fentanilo. Según la narrativa de los fiscales, Valerio no solo supervisaba el traslado de insumos químicos desde puertos internacionales, sino que coordinaba la seguridad armada de los laboratorios clandestinos mediante el despliegue de hombres armados equipados con armamento de alto poder.
Por su parte, las autoridades mexicanas han continuado con las investigaciones locales para determinar el alcance de la red delictiva en la región. El caso permanece bajo análisis en los tribunales federales, mientras se espera que los procesos de extradición solicitados por Estados Unidos sigan su curso legal ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este evento forma parte de la estrategia de seguridad vigente enfocada en la desarticulación de las estructuras financieras y de suministro de los grupos de la delincuencia organizada que operan en el noroeste del país.
