Movimiento Ciudadano exige juicio contra el gobernador Rubén Rocha Moya
La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano demandó que el gobernador de Sinaloa enfrente un proceso judicial ante la crisis de seguridad en la entidad.

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano formalizó este domingo una exigencia para que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea sometido a un proceso judicial. El partido político argumentó que la actual crisis de inseguridad que atraviesa la entidad requiere una rendición de cuentas inmediata y transparente por parte del mandatario estatal ante las autoridades competentes.
Esta postura surge tras las recientes declaraciones de exfuncionarios de agencias internacionales de seguridad, quienes han señalado la necesidad de que el titular del Ejecutivo sinaloense rinda cuentas sobre el panorama de violencia que afecta a la población. Los representantes de Movimiento Ciudadano sostienen que México y Sinaloa merecen justicia y verdad frente al deterioro del orden público reportado en los últimos meses.
El partido insistió en que las instituciones del Poder Judicial y los organismos de procuración de justicia deben actuar con total independencia para deslindar responsabilidades. Según el equipo de comunicación del instituto político, es imperativo que se esclarezcan los hechos que han mantenido a la entidad en una situación de inestabilidad, garantizando que el Estado de derecho prevalezca sobre cualquier interés político.
La exigencia de Movimiento Ciudadano se suma al debate nacional sobre la actuación de las autoridades locales en materia de seguridad. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido una respuesta oficial a esta solicitud, mientras diversos sectores de la sociedad civil han manifestado la necesidad de que los procesos legales sigan su curso natural para fortalecer la confianza en las instituciones públicas.
Finalmente, el partido hizo un llamado a las autoridades federales para que supervisen de cerca la situación en Sinaloa, asegurando que la protección de los ciudadanos debe ser la prioridad absoluta en la agenda pública de los tres niveles de gobierno.


